Vivimos en un país moderno que se encuentra a la cabeza del mundo por su solidaridad. Líder en trasplantes de órganos, que acoge a los inmigrantes indocumentados que llegan a centenares a nuestras playas o que vagan a la deriva por el Mediterráneo sin que los países del entorno abran las manos para recibirlos. Un país que hace todo eso ha convertido a nuestros hijos en indocumentados. Todavía no son inmigrantes en su propio país, pero es cuestión de tiempo. Por eso, alzamos la voz, para defender sus derechos porque las autoridades políticas de nuestro país andan con la vista puesta en otros asuntos.
El Gobierno aprobó el viernes pasado el Decreto por el que se les devuelve la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles. Sin entrar en posicionamientos políticos, nos preguntamos, si para esas personas, habrá un trato de cada uno de sus expedientes de manera individual y un análisis de toda la documentación presentada por los interesados[1]. No, ¿verdad? Eso solo para nuestros hijos, nacidos de padres españoles que llevan trabajando toda la vida y contribuyendo con esfuerzos a las arcas públicas.
Desde la semana pasada los padres que estamos atrapados en Ucrania destapamos el caso en la opinión pública española. Concedemos alguna entrevista para que nuestra voz se oiga, y se cuente la realidad, pero sobretodo nos hacemos preguntas, muchas, que quedan sin respuesta.
Si el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación esgrime ahora como argumento principal para la no inscripción de estos niños (el de la protección de datos fue desacreditado por la máxima autoridad en la materia), unos posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como casos de posible tráfico de menores, ¿por qué el resto de los países cuyos nacionales están realizando el proceso a la par que las parejas españolas no tienen problema para concederles su ciudadanía? ¿Estarán, en todo caso, en connivencia con esa supuesta actividad ilícita?
Iniciar un procedimiento de maternidad subrogada exige un proceso previo no exento de dificultades. Hace unos años estaba vetado para las clases medias. Y hace ya unos años, esos mismos medios que en la actualidad nos atacan con dureza, alababan las acciones emprendidas que convirtieron en padres a cantantes internacionales, baronesas con un patrimonio artístico que cede colecciones al Estado español y futbolistas de primerísimo nivel mundial. No hubo tertulias, ni grupos de colectivos salieron a manifestarse en contra de estas prácticas supuestamente ilegales. Estas personas que, como nosotros, hicieron realidad su sueño de convertirse en padres, no sufrieron el ataque voraz que estamos sufriendo los españoles que llevamos meses atrapados aquí. ¿Será que Ucrania (y ahora Georgia) no cuentan con el peso político de EEUU y Canadá? ¿O será que las madres gestantes de estos países no lo hacen por una cuestión económica?
Es cierto que parece ser que una agencia está siendo investigada por las autoridades ucranianas por un supuesta actividad delictiva. Las parejas que estamos aquí, hayamos o no venido con esa agencia, no somos responsables. Que se extremen las medidas de control sobre esa y los demás actores implicados nos parece correcto y acertado para velar por todas las personas implicadas. Pero una cosa es eso, y otra bien distinta es esgrimir como argumento algo que es meramente un posicionamiento político. ¿La solución es darnos cita para tres meses y medio desde los nacimientos de los niños? ¿O es mejor que estos niños no tenga relación alguna con el Estado español haciéndolos ucranianos?
Seguiremos esperando respuestas...